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¿Existe un plazo máximo para la resolución de disputas mediante mediación en contratos de arrendamiento en Argentina?
No hay un plazo fijo para la mediación; sin embargo, las partes suelen acordar un plazo razonable y, si no se llega a un acuerdo, pueden recurrir a instancias legales.
¿Cuál es su enfoque para evaluar la agilidad del candidato frente a cambios tecnológicos, considerando la rápida evolución del panorama tecnológico en Argentina?
La agilidad tecnológica es esencial. Se busca entender cómo el candidato se adapta a cambios tecnológicos, su disposición para aprender nuevas herramientas y su capacidad para aplicar tecnologías emergentes en el entorno empresarial argentino, donde la evolución tecnológica es constante.
¿Cómo pueden los argentinos obtener información actualizada sobre las cuotas de visa y los límites de inmigración para su categoría específica?
Las cuotas de visa y los límites de inmigración pueden cambiar, y los argentinos deben estar al tanto de las regulaciones actuales. El Departamento de Estado de los Estados Unidos y el USCIS proporcionan información actualizada sobre cuotas y límites. Además, las embajadas y consulados en Argentina pueden ofrecer orientación específica sobre las condiciones vigentes para cada categoría de visa.
¿Puede un embargo afectar a bienes de uso personal, como ropa o muebles básicos, en Argentina?
Existen restricciones para embargar bienes de uso personal necesarios para la vida diaria, como ropa o muebles básicos, con el fin de garantizar condiciones mínimas de subsistencia.
¿Cuál es el plazo de prescripción para reclamar la filiación en Argentina?
El plazo de prescripción para reclamar la filiación en Argentina es de cinco años a partir del conocimiento del hecho. Sin embargo, este plazo puede suspenderse o interrumpirse en ciertas circunstancias, como cuando se demuestra que el demandado ocultó la verdad.
¿Qué medidas se toman para evitar conflictos de interés en la adjudicación de contratos a contratistas en Argentina?
Se implementan medidas rigurosas para prevenir conflictos de interés, incluyendo la divulgación obligatoria de relaciones empresariales y financieras, así como la exclusión de procesos de licitación en los que puedan surgir conflictos. La supervisión activa y auditorías regulares refuerzan estas medidas.
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