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¿Cómo se define el lavado de dinero en la legislación argentina?
En la legislación argentina, el lavado de dinero se define como el proceso mediante el cual los bienes provenientes de actividades ilícitas se incorporan al sistema económico legal con apariencia de legalidad. Esto incluye la conversión, transferencia, ocultamiento o posesión de bienes derivados de actividades delictivas, como el narcotráfico, la corrupción, el contrabando, entre otros.
¿Cómo afecta la deuda tributaria a los contribuyentes que participan en proyectos de investigación y desarrollo en Argentina?
Los contribuyentes que participan en proyectos de investigación y desarrollo pueden enfrentar deudas tributarias vinculadas a incentivos fiscales específicos para fomentar la innovación y la ciencia.
¿Cuál es el proceso para la revisión y actualización de políticas de contratación gubernamental en Argentina?
El proceso implica la formación de comités de revisión que evalúan regularmente las políticas de contratación gubernamental. Se consideran cambios en la legislación, experiencias pasadas y mejores prácticas internacionales. La revisión y actualización son procesos continuos para adaptarse a las evoluciones del entorno normativo y las necesidades del país.
¿Cuál es el impacto de un embargo sobre bienes que están bajo un contrato de leasing financiero con opción a subarrendamiento en Argentina?
Un embargo sobre bienes bajo un contrato de leasing financiero con opción a subarrendamiento puede afectar la posibilidad de subarrendamiento, ya que la ejecución de la garantía podría interferir con la extensión del contrato.
¿Cuál es el plazo de validez de un certificado de antecedentes judiciales en Argentina?
El certificado suele tener una validez de 6 meses a 1 año, pero algunos organismos pueden requerir uno más reciente.
¿Cómo se regula la visita de los padres a hijos internados en Argentina?
La visita de los padres a hijos internados en Argentina se regula considerando el interés superior del menor y las circunstancias de salud. El hospital puede establecer protocolos para las visitas, y el tribunal puede intervenir para garantizar el derecho de visita de los padres, siempre que sea compatible con el bienestar del menor.
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