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¿Existen programas de reinserción laboral para personas con antecedentes judiciales en Argentina?
Sí, hay programas gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales que buscan facilitar la reinserción laboral de personas con antecedentes judiciales.
¿Cómo se manejan fiscalmente las operaciones de leasing financiero en Argentina?
Las operaciones de leasing financiero están sujetas al Impuesto a las Ganancias. Tanto el arrendador como el arrendatario deben cumplir con sus obligaciones fiscales y declarar adecuadamente estas transacciones.
¿Cómo se regula la subida del alquiler en contratos de arrendamiento renovados en Argentina?
La subida del alquiler en contratos renovados está sujeta a las leyes de control de alquileres vigentes, que establecen límites y condiciones para el aumento del alquiler.
¿Cuáles son las opciones para los argentinos que desean participar en el programa de Visa de Trabajador Religioso (R-1) en Estados Unidos?
El programa R-1 permite a los argentinos trabajar en Estados Unidos como trabajadores religiosos por un período temporal. Para ser elegibles, deben ser miembros de una denominación religiosa reconocida y haber sido parte de esa organización durante al menos dos años antes de la solicitud. Los empleadores estadounidenses deben presentar una petición al USCIS para patrocinar a los trabajadores religiosos. La documentación adecuada y la planificación son clave para una solicitud exitosa.
¿Qué disposiciones se deben incluir para la transferencia de riesgos y responsabilidades en un contrato de venta en Argentina?
La transferencia de riesgos y responsabilidades en un contrato de venta argentino debe estar claramente definida. Esto puede incluir el momento exacto de la transferencia de riesgos, el seguro correspondiente y las responsabilidades de cada parte en caso de pérdida o daño.
¿Cómo se promueve la transparencia en la toma de decisiones sobre la contratación gubernamental en Argentina?
La transparencia se promueve mediante la publicación de información sobre procesos de licitación, evaluaciones de propuestas y decisiones de adjudicación. Además, se establecen mecanismos de apelación y se fomenta la participación ciudadana para supervisar y cuestionar la transparencia en la toma de decisiones.
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