Artículos recomendados
¿Puede un embargo afectar a bienes que son propiedad de una entidad sin fines de lucro en Argentina?
Los bienes de una entidad sin fines de lucro pueden ser objeto de embargo si la deuda está vinculada a las actividades comerciales o financieras de la entidad.
¿Cómo se determina el monto a embargar en Argentina?
El monto a embargar se determina en función de la deuda pendiente y las regulaciones legales que establecen porcentajes específicos según el tipo de bienes o ingresos.
¿Cómo se aborda la prevención del lavado de dinero en el ámbito de las subastas y compraventa de arte en Argentina?
En el ámbito de las subastas y compraventa de arte en Argentina, se implementan medidas específicas para abordar el lavado de dinero. Las casas de subastas y galerías de arte están sujetas a regulaciones que incluyen la identificación de compradores y vendedores, la debida diligencia en transacciones de alto valor y la reportación de actividades sospechosas. La supervisión por parte de la UIF se intensifica en este sector para prevenir el uso indebido del arte para actividades ilícitas.
¿Es necesario actualizar el DNI de un ciudadano argentino al cumplir 18 años?
Sí, es necesario actualizar el DNI de un ciudadano argentino al cumplir 18 años. El DNI anterior, que es el DNI tarjeta verde, debe ser reemplazado por el nuevo DNI tarjeta celeste. El trámite se realiza en el Renaper y requerirá la presentación de la documentación correspondiente, incluyendo el acta de nacimiento actualizada. Además, se abonará la tasa establecida para la obtención del nuevo DNI.
¿Puede un embargo afectar a bienes que están siendo utilizados como instrumentos musicales en Argentina?
Los bienes utilizados como instrumentos musicales pueden tener protecciones especiales durante un embargo, asegurando la continuidad de actividades culturales y artísticas.
¿Cómo se promueve la transparencia en la toma de decisiones sobre la contratación gubernamental en Argentina?
La transparencia se promueve mediante la publicación de información sobre procesos de licitación, evaluaciones de propuestas y decisiones de adjudicación. Además, se establecen mecanismos de apelación y se fomenta la participación ciudadana para supervisar y cuestionar la transparencia en la toma de decisiones.
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