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¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos de investigación sobre políticas de derechos humanos en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines de investigación sobre políticas de derechos humanos puede requerir autorización legal y estar sujeta a restricciones, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Cuál es la importancia de incluir cláusulas de revisión de precios en un contrato de venta de servicios de consultoría en análisis de datos en Argentina?
En contratos de venta de servicios de consultoría en análisis de datos en Argentina, las cláusulas de revisión de precios son importantes para ajustar los honorarios y costos asociados con el tiempo. Estas cláusulas deben especificar los criterios para la revisión, los plazos y los mecanismos para notificar y negociar ajustes de precios, asegurando una relación contractual equitativa y actualizada.
¿Cuáles son las obligaciones del arrendador en términos de mantenimiento de áreas comunes en propiedades compartidas en Argentina?
El arrendador es responsable del mantenimiento de áreas comunes, como pasillos o patios, en propiedades compartidas, a menos que se acuerde lo contrario en el contrato.
¿Cuáles son las consecuencias penales de ocultar bienes durante un proceso de embargo en Argentina?
Ocultar bienes durante un proceso de embargo puede tener consecuencias penales, incluyendo posibles cargos por fraude y obstrucción a la justicia.
¿Cómo afectan los antecedentes judiciales a la solicitud de permisos para eventos públicos en Argentina?
Al solicitar permisos para eventos públicos, los antecedentes judiciales de los organizadores pueden ser considerados para evaluar la idoneidad y seguridad del evento.
¿Cuál es el papel de las asociaciones industriales en la autorregulación de la ética de los contratistas en Argentina?
Las asociaciones industriales desempeñan un papel activo en la autorregulación ética al establecer códigos de conducta y prácticas recomendadas. Colaboran con el gobierno para garantizar que los contratistas cumplan con estándares éticos y promueven la autorregulación como parte integral de la cultura empresarial.
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