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¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos literarios o cinematográficos en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines literarios o cinematográficos puede requerir autorización legal y estar sujeta a restricciones, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Qué información contiene el DNI argentino?
El DNI argentino contiene información como el nombre completo, la fecha de nacimiento, el sexo, la firma y la fotografía del titular.
¿Cómo se determina la prioridad de los embargos en caso de múltiples acreedores en Argentina?
La prioridad se establece según la fecha de inscripción de los embargos, siguiendo el principio "prior en el tiempo, prior en el derecho".
¿Cómo se asegura la privacidad durante los procesos de validación de identidad en Argentina?
La privacidad se asegura durante los procesos de validación mediante el cumplimiento de leyes y regulaciones de protección de datos, como la Ley N° 25.326. Se establecen políticas claras sobre la gestión de información personal, y se aplican medidas de seguridad tecnológicas para prevenir el acceso no autorizado a datos sensibles.
¿Cuál es el papel de las tecnologías emergentes, como la cadena de bloques, en la prevención del lavado de activos en Argentina?
Argentina está explorando el potencial de tecnologías emergentes, como la cadena de bloques, para fortalecer la prevención del lavado de activos. La implementación de sistemas basados en blockchain puede mejorar la transparencia y la trazabilidad de las transacciones, dificultando el anonimato asociado a ciertas actividades ilícitas. Las autoridades buscan colaborar con expertos en tecnología para desarrollar soluciones innovadoras que refuercen la integridad del sistema financiero.
¿Cuáles son las leyes relacionadas con el delito de defraudación pública en Argentina?
La defraudación pública en Argentina, que implica el perjuicio a la administración pública a través de engaños o artimañas, está penalizada. Se imponen sanciones a quienes participan en actos de defraudación contra entidades gubernamentales.
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