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¿Cuál es el papel de la gestión de riesgos en el cumplimiento normativo para las empresas argentinas y cómo pueden integrar la gestión de riesgos de manera efectiva en sus programas de cumplimiento?
La gestión de riesgos es fundamental en el cumplimiento normativo. Las empresas en Argentina deben integrar la gestión de riesgos en sus programas de cumplimiento identificando, evaluando y mitigando riesgos potenciales. Esto implica la implementación de controles internos, la realización de análisis de riesgos periódicos y la adaptación continua de estrategias de gestión de riesgos según sea necesario.
¿Puede el arrendador aumentar el alquiler en caso de mejoras significativas en la propiedad en Argentina?
El aumento del alquiler por mejoras significativas generalmente debe estar acordado en el contrato y ser razonable. Las leyes de control de alquileres pueden establecer límites para estos aumentos.
¿Cuál es el impacto de las deudas tributarias en las empresas de servicios de diseño de interiores en Argentina?
Las empresas de servicios de diseño de interiores en Argentina pueden enfrentar deudas tributarias vinculadas a impuestos sobre servicios y otras obligaciones fiscales específicas del sector de diseño y decoración.
¿Cómo se resuelven los problemas de plagas en la propiedad arrendada en Argentina?
La responsabilidad por problemas de plagas debe especificarse en el contrato. En general, el arrendador es responsable de abordar problemas de plagas al proporcionar servicios de control.
¿Cómo se manejan las discrepancias en la interpretación del contrato de venta en Argentina?
Las cláusulas de resolución de disputas en un contrato de venta argentino deben abordar las discrepancias en la interpretación del contrato. La mediación y el arbitraje son opciones comunes, y se deben especificar los procedimientos y la jurisdicción aplicable en caso de conflicto.
¿Cómo se trata legalmente el delito de difamación política en Argentina?
La difamación política en Argentina está sujeta a las leyes de difamación, que buscan proteger la reputación de los funcionarios públicos y políticos. Se pueden presentar demandas civiles y, en casos graves, se pueden imponer sanciones penales por la difusión de información falsa que perjudique la imagen de una figura política.
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