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¿Cuáles son las leyes relacionadas con el delito de usurpación de identidad digital en Argentina?
La usurpación de identidad digital en Argentina está penalizada por leyes que buscan prevenir y sancionar el uso no autorizado de identidades en entornos virtuales. Se imponen sanciones a quienes suplantan la identidad de otras personas en línea con el propósito de cometer delitos o perjudicar a terceros.
¿Cómo se resuelven las disputas laborales en el ámbito de la construcción en Argentina?
Las disputas laborales en el ámbito de la construcción en Argentina pueden implicar características específicas. La mediación y conciliación son enfoques comunes antes de llegar a demandas formales. Las regulaciones de seguridad ocupacional y las condiciones de trabajo son aspectos críticos en la construcción, y las demandas pueden surgir en casos de incumplimiento de normas. Conocer las regulaciones específicas del sector de la construcción y documentar adecuadamente las condiciones laborales pueden ser clave en la resolución de disputas.
¿Cuál es el impacto fiscal de la venta de acciones en el mercado de valores en Argentina?
La venta de acciones en el mercado de valores está sujeta al Impuesto a las Ganancias. Los inversores deben declarar las ganancias y pérdidas generadas por estas transacciones y calcular el impuesto correspondiente.
¿Se puede subarrendar la propiedad en un contrato de arrendamiento en Argentina?
El subarrendamiento generalmente requiere el consentimiento previo por escrito del arrendador en Argentina.
¿Cómo afecta la deuda tributaria a los contribuyentes que obtienen ingresos a través de arrendamientos de propiedades en Argentina?
Los contribuyentes que obtienen ingresos a través de arrendamientos de propiedades en Argentina pueden enfrentar deudas tributarias relacionadas con impuestos sobre las rentas y bienes personales.
¿Cómo se trata legalmente el delito de difamación política en Argentina?
La difamación política en Argentina está sujeta a las leyes de difamación, que buscan proteger la reputación de los funcionarios públicos y políticos. Se pueden presentar demandas civiles y, en casos graves, se pueden imponer sanciones penales por la difusión de información falsa que perjudique la imagen de una figura política.
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