GARCIA PRATO DAIANA LETICIA (Contribuyente AFIP | 24926905XXX)

Perfil del contribuyente GARCIA PRATO DAIANA LETICIA - 24926905XXX

CUIT 24926905XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo se aborda legalmente el delito de evasión fiscal en Argentina?

La evasión fiscal en Argentina está penalizada por leyes que buscan prevenir y sancionar la elusión de impuestos. Se imponen sanciones económicas y penas de prisión para aquellos que evaden ilegalmente el pago de impuestos.

¿Cómo afectan los antecedentes disciplinarios a la participación en procesos de licitación para contrataciones públicas en Argentina?

En Argentina, los antecedentes disciplinarios pueden influir en la participación en procesos de licitación para contrataciones públicas. Los organismos gubernamentales pueden evaluar la idoneidad de las empresas o individuos, considerando la integridad y cumplimiento ético en proyectos públicos.

¿Cómo afecta un embargo a los bienes que son objeto de leasing financiero en Argentina?

Los bienes objeto de leasing financiero pueden ser embargados, y el proceso involucra notificar al arrendador financiero y determinar los derechos del arrendatario sobre los bienes.

¿Puede un menor de edad gestionar su propio DNI?

No, un menor de edad no puede gestionar su propio DNI. La solicitud y trámite deben ser realizados por uno de los padres o un representante legal, presentando la documentación requerida en el Renaper.

¿Cuáles son las consideraciones específicas para contratos de venta a través de medios electrónicos en Argentina?

En el caso de contratos de venta electrónicos en Argentina, es necesario abordar cuestiones como la firma digital, la validez legal de los documentos electrónicos y el cumplimiento de regulaciones específicas relacionadas con el comercio electrónico en el país.

¿Cuál es el impacto de un embargo sobre bienes que están bajo un contrato de obra pública en Argentina?

Un embargo sobre bienes bajo un contrato de obra pública puede afectar a la empresa contratista y al ente público, ya que la medida cautelar puede interferir con la ejecución de proyectos de infraestructura pública.

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