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¿Qué sucede si el arrendatario necesita realizar reparaciones urgentes y el arrendador no responde en Argentina?
Si el arrendador no responde a la necesidad de reparaciones urgentes, el arrendatario puede realizar las reparaciones y luego buscar el reembolso correspondiente, siempre que haya notificado adecuadamente al arrendador.
¿Qué medidas se toman para garantizar la igualdad de oportunidades para contratistas de diferentes regiones del país en Argentina?
Se implementan medidas que incluyen cuotas geográficas, programas de desarrollo empresarial en regiones menos desarrolladas y la simplificación de procesos para facilitar la participación de contratistas de diversas áreas del país. Esto promueve la equidad en la distribución de oportunidades y el desarrollo económico regional.
¿Cómo se regula la participación de terceros, como abuelos, en la vida de los nietos en casos de divorcio o separación en Argentina?
En casos de divorcio o separación en Argentina, los abuelos pueden solicitar el derecho de visita a sus nietos. El tribunal evaluará el vínculo existente y determinará si la participación de los abuelos es beneficiosa para el bienestar del menor.
¿Qué es el "Certificado Fiscal para Contratar"?
Este certificado verifica la situación fiscal de un proveedor antes de contratar sus servicios. Las empresas suelen requerir este certificado para asegurarse de que el proveedor cumple con sus obligaciones fiscales.
¿Cómo se regula la visita de los padres a hijos internados en Argentina?
La visita de los padres a hijos internados en Argentina se regula considerando el interés superior del menor y las circunstancias de salud. El hospital puede establecer protocolos para las visitas, y el tribunal puede intervenir para garantizar el derecho de visita de los padres, siempre que sea compatible con el bienestar del menor.
¿Cómo se trata legalmente el delito de difamación política en Argentina?
La difamación política en Argentina está sujeta a las leyes de difamación, que buscan proteger la reputación de los funcionarios públicos y políticos. Se pueden presentar demandas civiles y, en casos graves, se pueden imponer sanciones penales por la difusión de información falsa que perjudique la imagen de una figura política.
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