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¿Cuál es el impacto de la verificación de antecedentes en la contratación de personal para roles de análisis de datos en el sector educativo en Argentina?
En el sector educativo en Argentina, la verificación de antecedentes para roles de análisis de datos puede incluir la revisión de proyectos analíticos anteriores, la validación de habilidades estadísticas y la integridad profesional al manejar información educativa y de rendimiento estudiantil.
¿Puede el arrendador retener el depósito de garantía por falta de pago de servicios públicos en Argentina?
El arrendador puede retener el depósito de garantía si el arrendatario no paga los servicios públicos, siempre y cuando esta posibilidad esté especificada en el contrato.
¿Cómo se establece el régimen de visitas en casos de padres que residen en diferentes jurisdicciones en Argentina?
En casos de padres que residen en diferentes jurisdicciones en Argentina, el régimen de visitas se establece considerando la distancia geográfica. El tribunal puede adaptar el régimen para facilitar el contacto entre el progenitor no custodio y el menor, teniendo en cuenta factores logísticos y el interés del niño.
¿Puede el arrendatario rescindir el contrato antes de tiempo en Argentina?
Sí, el arrendatario puede rescindir el contrato antes de tiempo, pero generalmente está sujeto al pago de una penalización establecida en el contrato.
¿Cómo afecta la Ley Anticorrupción en Argentina a las empresas en términos de cumplimiento normativo?
La Ley Anticorrupción en Argentina impone obligaciones significativas a las empresas para prevenir y detectar actos de corrupción. Esto incluye la implementación de programas de compliance, la capacitación de empleados y la adopción de medidas preventivas para evitar la corrupción en todas las operaciones comerciales.
¿Cómo se trata legalmente el delito de difamación política en Argentina?
La difamación política en Argentina está sujeta a las leyes de difamación, que buscan proteger la reputación de los funcionarios públicos y políticos. Se pueden presentar demandas civiles y, en casos graves, se pueden imponer sanciones penales por la difusión de información falsa que perjudique la imagen de una figura política.
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