Artículos recomendados
¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos de investigación sobre políticas de prevención del delito en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines de investigación sobre políticas de prevención del delito puede requerir autorización legal y estar sujeta a restricciones, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Es posible realizar el trámite del DNI de forma virtual o en línea?
Sí, el Renaper ofrece la posibilidad de realizar algunos trámites de forma virtual a través de su plataforma en línea. Sin embargo, algunos trámites, como la primera obtención del DNI, requieren la presencia física en una oficina del Renaper. Se recomienda verificar la disponibilidad de trámites virtuales en el sitio web oficial del Renaper.
¿Cuáles son las consecuencias financieras para los contratistas sancionados en Argentina?
Además de multas, los contratistas sancionados pueden enfrentar la pérdida de contratos existentes, la prohibición de participar en futuras licitaciones y una disminución significativa en su reputación empresarial.
¿Puede un embargo afectar a bienes que están siendo utilizados para la producción de tecnología en Argentina?
Los bienes utilizados para la producción de tecnología pueden tener protecciones especiales durante un embargo, asegurando la continuidad de actividades de innovación y desarrollo tecnológico.
¿Cuáles son los documentos de identificación aceptados en Argentina?
En Argentina, los documentos de identificación aceptados comúnmente son el Documento Nacional de Identidad (DNI), el pasaporte y la cédula de identidad. Estos documentos son emitidos por organismos gubernamentales y son esenciales para verificar la identidad de los ciudadanos.
¿Cuál es el impacto de un embargo sobre bienes que están bajo un contrato de concesión de obra pública en Argentina?
Un embargo sobre bienes bajo un contrato de concesión de obra pública puede afectar a la empresa concesionaria y al ente público, ya que la medida cautelar puede interferir con la ejecución de proyectos de infraestructura pública.
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