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¿Cómo se aborda legalmente el delito de tráfico de influencias en Argentina?
El tráfico de influencias en Argentina está penalizado por leyes que buscan prevenir y sancionar el uso indebido de influencias para obtener beneficios personales. Se imponen sanciones a quienes participan en esta práctica corrupta.
¿Cómo se lleva a cabo el proceso de debida diligencia en las instituciones financieras argentinas para prevenir el lavado de activos?
Las instituciones financieras en Argentina deben llevar a cabo procesos rigurosos de debida diligencia, que incluyen la identificación y verificación de la identidad de los clientes, el monitoreo constante de las transacciones y la presentación de informes de operaciones sospechosas a la UIF. Esto forma parte de las medidas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales de las transacciones de leasing financiero para las empresas en Argentina?
Las empresas que participan en transacciones de leasing financiero deben cumplir con las obligaciones fiscales. Tanto el arrendador como el arrendatario deben declarar adecuadamente estas operaciones en sus liquidaciones de impuestos.
¿Cuál es su enfoque para evaluar la adaptabilidad de un candidato a los cambios en el entorno laboral, considerando la dinámica económica y empresarial en Argentina?
La adaptabilidad es clave en un entorno empresarial dinámico. Se buscan ejemplos específicos de cómo el candidato ha enfrentado cambios en el pasado, su disposición para aprender y ajustarse a nuevas circunstancias, y su capacidad para contribuir positivamente durante períodos de transformación.
¿Cuál es la diferencia entre antecedentes judiciales y antecedentes comerciales en Argentina?
Los antecedentes judiciales se refieren a la historia penal de una persona, mientras que los antecedentes comerciales involucran la actividad crediticia y financiera en el ámbito comercial.
¿Puede el arrendador prohibir actividades comerciales en la propiedad residencial arrendada en Argentina?
Sí, el arrendador puede incluir cláusulas que prohíban actividades comerciales en la propiedad residencial, a menos que se haya obtenido su consentimiento previo por escrito.
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