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¿Puede el deudor alimentario solicitar la modificación de las pensiones debido a la pérdida de bienes en Argentina?
Si el deudor alimentario sufre una pérdida significativa de bienes en Argentina, puede solicitar la modificación de las pensiones alimenticias. Deberá presentar pruebas documentales de la pérdida de bienes y explicar cómo esto afecta su capacidad para cumplir con las obligaciones alimentarias. El tribunal evaluará la solicitud y tomará una decisión basada en la equidad y el bienestar de los beneficiarios, asegurando que las pensiones se ajusten a la nueva realidad económica del deudor.
¿Cuál es el impacto de un embargo sobre bienes intangibles, como patentes o derechos de autor, en Argentina?
Un embargo sobre bienes intangibles puede implicar la anotación de la medida en registros especializados y puede afectar la capacidad del titular de ejercer sus derechos sobre esas propiedades.
¿Cuál es el propósito del proceso de KYC en Argentina?
El proceso de KYC en Argentina tiene como objetivo principal conocer la identidad y antecedentes de los clientes para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Esto ayuda a garantizar la integridad del sistema financiero y proteger a las instituciones contra actividades ilícitas.
¿Cuál es el papel de las agencias de empleo en el proceso de búsqueda laboral para argentinos en España?
Las agencias de empleo pueden desempeñar un papel importante en el proceso de búsqueda laboral para argentinos en España, facilitando la conexión entre empleadores y candidatos. Es crucial verificar la legitimidad de estas agencias y entender sus servicios antes de comprometerse.
¿Cómo se gravan fiscalmente las transacciones de importación en Argentina?
Las transacciones de importación están sujetas a impuestos aduaneros y al IVA. Los importadores deben cumplir con las obligaciones fiscales aduaneras y liquidar los impuestos antes de retirar la mercancía.
¿Cómo se trata legalmente el delito de difamación política en Argentina?
La difamación política en Argentina está sujeta a las leyes de difamación, que buscan proteger la reputación de los funcionarios públicos y políticos. Se pueden presentar demandas civiles y, en casos graves, se pueden imponer sanciones penales por la difusión de información falsa que perjudique la imagen de una figura política.
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