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¿Cómo se gestionan las disputas entre contratistas y el gobierno durante la ejecución de proyectos en Argentina?
Las disputas se gestionan mediante la inclusión de cláusulas de resolución de disputas en contratos, que pueden incluir mediación, arbitraje o litigio. También se fomenta la comunicación abierta y la resolución temprana de problemas para evitar conflictos prolongados y minimizar impactos en la ejecución del proyecto.
¿Cuál es el papel de un martillero en un remate de bienes embargados en Argentina?
Un martillero público es designado para llevar a cabo la subasta de bienes embargados, asegurando un proceso justo y transparente para la venta de estos activos.
¿Cómo se evalúa la capacidad de recuperación financiera de los contratistas después de la imposición de sanciones en Argentina?
La capacidad de recuperación financiera se evalúa mediante la revisión de la gestión financiera, la implementación de medidas correctivas y la presentación de planes de mejora. Esto permite determinar si el contratista sancionado ha abordado de manera efectiva las causas subyacentes de las sanciones.
¿Cómo aborda la evaluación de la capacidad del candidato para liderar procesos de gestión del cambio, considerando la importancia de adaptarse a transformaciones organizacionales en Argentina?
La gestión del cambio es crucial. Se busca entender cómo el candidato lidera procesos de cambio, su enfoque para comunicar y gestionar la transición, y su contribución para minimizar la resistencia y maximizar el éxito de las transformaciones en el entorno empresarial argentino.
¿Puede un embargo afectar a bienes que están siendo utilizados para el desarrollo de proyectos culturales en Argentina?
Los bienes utilizados para el desarrollo de proyectos culturales pueden tener protecciones especiales durante un embargo, asegurando la continuidad de actividades culturales y artísticas.
¿Es posible incluir cláusulas de penalización por incumplimiento de obligaciones específicas en el contrato de arrendamiento en Argentina?
Sí, el contrato puede incluir cláusulas de penalización específicas por incumplimiento de obligaciones particulares, siempre que sean razonables y ajustadas a la legislación vigente.
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