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¿Puede un embargo afectar a bienes que están siendo utilizados como parte de proyectos de energías renovables en Argentina?
Los bienes utilizados como parte de proyectos de energías renovables pueden tener protecciones especiales durante un embargo, asegurando la continuidad de actividades de importancia ambiental y energética.
¿Cómo se regulan las cláusulas de retención de título en un contrato de venta de maquinaria industrial en Argentina?
Las cláusulas de retención de título en contratos de venta de maquinaria industrial en Argentina son esenciales para establecer que el vendedor retiene la propiedad de la maquinaria hasta el pago completo. Estas cláusulas deben detallar las condiciones bajo las cuales se transfiere la propiedad al comprador y los derechos de retención en caso de incumplimiento del pago.
¿Cómo se calculan los intereses durante un proceso de embargo en Argentina?
Los intereses durante un embargo se calculan sobre la deuda pendiente, y la tasa puede variar según la legislación vigente y los términos del contrato original.
¿Cuál es el procedimiento para registrar una marca en Argentina?
El registro de una marca en Argentina se realiza ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). El solicitante debe presentar la solicitud de registro, descripción detallada de la marca, y abonar las tasas correspondientes. Se realiza un examen formal y de fondo, y en caso de aprobación, se publica en el Boletín de Marcas. Luego, se otorga el certificado de registro. El registro de marca brinda derechos exclusivos sobre el uso de la misma en productos o servicios específicos.
¿Qué es el "Certificado Fiscal para Contratar"?
Este certificado verifica la situación fiscal de un proveedor antes de contratar sus servicios. Las empresas suelen requerir este certificado para asegurarse de que el proveedor cumple con sus obligaciones fiscales.
¿Cómo se trata legalmente el delito de difamación política en Argentina?
La difamación política en Argentina está sujeta a las leyes de difamación, que buscan proteger la reputación de los funcionarios públicos y políticos. Se pueden presentar demandas civiles y, en casos graves, se pueden imponer sanciones penales por la difusión de información falsa que perjudique la imagen de una figura política.
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