IRANZO MAXIMILIANO DANIEL (Contribuyente AFIP | 20350517XXX)

Perfil del contribuyente IRANZO MAXIMILIANO DANIEL - 20350517XXX

CUIT 20350517XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se trata legalmente el delito de resistencia a la autoridad en Argentina?

La resistencia a la autoridad en Argentina está penalizada por leyes que buscan mantener el orden público y proteger a los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Se imponen sanciones a quienes resisten o desobedecen a la autoridad.

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Es crucial incluir cláusulas que regulen las obligaciones postcontractuales en un contrato de venta argentino. Esto puede abarcar la continuidad de la confidencialidad, restricciones postventa y otras obligaciones que persistan después de la finalización del contrato.

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La colaboración entre el sector financiero y las autoridades gubernamentales en Argentina para mejorar las prácticas de KYC se promueve mediante la participación activa en comités de la industria, reuniones regulares de consulta y la colaboración en la formulación de políticas. El intercambio de información y la comprensión mutua de los desafíos y objetivos contribuyen a la mejora continua de las prácticas de KYC. La implementación de regulaciones claras y actualizadas también fomenta un marco de colaboración efectivo.

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Argentina fomenta la colaboración entre el sector público y privado en la supervisión de PEP. Se establecen canales de comunicación efectivos entre las autoridades gubernamentales y las instituciones financieras y empresariales. Se alienta a las empresas a informar sobre transacciones sospechosas y a cooperar con las investigaciones. La participación activa del sector privado no solo fortalece la capacidad de supervisión, sino que también contribuye a la creación de un entorno empresarial ético y transparente en el país.

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La unión convivencial del deudor puede afectar las obligaciones alimentarias en Argentina. Si el deudor contrae una nueva unión convivencial, el tribunal puede revisar la situación económica global y ajustar las pensiones alimenticias en consecuencia. Se busca garantizar que las nuevas obligaciones familiares se consideren al determinar la capacidad económica del deudor y la cuantía justa de las pensiones alimenticias para los beneficiarios existentes. La transparencia y la presentación de pruebas documentales son esenciales en estos casos.

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