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¿Qué derechos tiene el conviviente en una unión convivencial en Argentina?
En Argentina, la unión convivencial otorga derechos similares a los del matrimonio. Los convivientes tienen derechos sucesorios, de propiedad y a la cuota alimentaria en caso de ruptura. La ley reconoce la igualdad de derechos entre la unión convivencial y el matrimonio.
¿Cómo se realiza el trámite del DNI para una persona que ha cambiado su nombre y género simultáneamente?
El trámite del DNI para una persona que ha cambiado su nombre y género simultáneamente se realiza en el Renaper. Se deberá presentar la documentación que respalde tanto el cambio de nombre como el de género, cumplir con los requisitos específicos y abonar la tasa establecida para la actualización del documento.
¿Cómo aborda la evaluación de la capacidad del candidato para liderar proyectos de eficiencia energética en el sector manufacturero, considerando la necesidad de reducir impactos ambientales en la industria argentina?
La eficiencia energética en la manufactura es estratégica. Se busca comprender cómo el candidato lidera proyectos de eficiencia energética, su conocimiento de tecnologías sostenibles y su contribución para optimizar procesos en el sector manufacturero argentino, teniendo en cuenta la responsabilidad ambiental.
¿Se puede realizar un inventario de la propiedad al inicio del contrato en Argentina?
Sí, se recomienda realizar un inventario detallado al comienzo del contrato para documentar el estado de la propiedad y evitar disputas al finalizar el arrendamiento.
¿Cuáles son las leyes relacionadas con el delito de difamación en Argentina?
La difamación en Argentina está penalizada por leyes que buscan proteger la reputación de las personas. Se pueden presentar demandas civiles por daños y perjuicios, y en casos graves, se pueden imponer sanciones penales.
¿Cuál es el impacto de un embargo sobre bienes que están bajo un contrato de concesión de obra pública en Argentina?
Un embargo sobre bienes bajo un contrato de concesión de obra pública puede afectar a la empresa concesionaria y al ente público, ya que la medida cautelar puede interferir con la ejecución de proyectos de infraestructura pública.
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