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¿Es obligatorio portar el DNI en Argentina?
Sí, en Argentina es obligatorio portar el DNI a partir de los 18 años. En caso de no llevarlo consigo, se puede requerir la identificación por parte de las autoridades.
¿Cómo se asegura Argentina de que las medidas de supervisión de PEP no discriminen injustamente a grupos específicos?
Argentina se asegura de que las medidas de supervisión de PEP no discriminen injustamente a grupos específicos mediante la aplicación de criterios objetivos y universales. Las regulaciones se diseñan para enfocarse en la conducta y el riesgo de actividad ilícita, evitando la discriminación basada en características personales o de grupo. Además, se incorporan salvaguardias para proteger los derechos individuales y se fomenta la revisión judicial para abordar cualquier preocupación relacionada con la discriminación injusta en el proceso de supervisión.
¿Cuál es la importancia del reporting ético en la prevención de conductas irregulares en empresas argentinas?
El reporting ético es de suma importancia en Argentina para la prevención de conductas irregulares, proporcionando un canal seguro para que los empleados informen posibles violaciones éticas. Los programas de compliance deben fomentar una cultura de denuncia, garantizando la confidencialidad y protección de los denunciantes.
¿Cómo afecta un embargo a los bienes en leasing en Argentina?
Los bienes en leasing pueden ser objeto de embargo, pero el proceso puede implicar la participación del arrendador financiero y la consideración de los derechos de ambas partes.
¿Cómo se aborda legalmente la violencia en eventos deportivos en Argentina?
La violencia en eventos deportivos está penalizada por leyes específicas en Argentina. Se implementan medidas de seguridad en los estadios y se imponen sanciones a quienes participan en comportamientos violentos durante eventos deportivos.
¿Cuál es el proceso para la revisión de sanciones en casos de cambio de administración gubernamental en Argentina?
En casos de cambio de administración, se establece un proceso de revisión de sanciones que considera la continuidad y consistencia de las políticas. Se busca garantizar la imparcialidad y evitar cambios abruptos en la aplicación de sanciones, priorizando la estabilidad y la justicia en el proceso.
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