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¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos de investigación sobre políticas de ciencia y tecnología en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines de investigación sobre políticas de ciencia y tecnología puede requerir autorización legal y estar sujeta a restricciones, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Cómo se abordan las obligaciones de capacitación y soporte técnico en un contrato de venta de software en Argentina?
En contratos de venta de software en Argentina, las cláusulas que regulan las obligaciones de capacitación y soporte técnico son esenciales. Estas deben detallar la extensión del soporte ofrecido, los plazos de respuesta y los términos bajo los cuales se proporcionará capacitación.
¿Cómo se trata legalmente el delito de difamación política en Argentina?
La difamación política en Argentina está sujeta a las leyes de difamación, que buscan proteger la reputación de los funcionarios públicos y políticos. Se pueden presentar demandas civiles y, en casos graves, se pueden imponer sanciones penales por la difusión de información falsa que perjudique la imagen de una figura política.
¿Se pueden realizar inspecciones regulares de la propiedad durante el arrendamiento en Argentina?
Las inspecciones regulares deben acordarse en el contrato y generalmente requieren aviso previo por parte del arrendador para garantizar la privacidad del arrendatario.
¿Cuáles son las restricciones para la realización de eventos sociales en la propiedad arrendada en Argentina?
Las restricciones para eventos sociales deben estar especificadas en el contrato. El arrendador puede limitar o prohibir ciertos tipos de eventos para mantener la tranquilidad y el buen estado de la propiedad.
¿Cómo se trata legalmente el delito de corrupción empresarial en Argentina?
La corrupción empresarial en Argentina está penalizada por leyes específicas que buscan prevenir y sancionar prácticas corruptas en el ámbito corporativo. Se imponen sanciones económicas y penas de prisión para individuos involucrados en actos de corrupción.
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