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¿Cuáles son las opciones para la disolución de la unión convivencial en Argentina?
La unión convivencial en Argentina puede disolverse por mutuo acuerdo de las partes o a través de un proceso judicial en casos de desacuerdo. Al igual que en el divorcio, se pueden abordar temas como la custodia, la cuota alimentaria y la división de bienes.
¿Cuál es el procedimiento para la resolución de conflictos en contratos de arrendamiento en Argentina?
En caso de conflicto, las partes suelen buscar la mediación como primer paso. Si no se llega a un acuerdo, se puede recurrir a instancias judiciales para resolver la disputa.
¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos de investigación sobre políticas de igualdad de oportunidades en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines de investigación sobre políticas de igualdad de oportunidades puede requerir autorización legal y estar sujeta a restricciones, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Puede un embargo afectar a bienes que están siendo utilizados para la producción de energía renovable en Argentina?
Los bienes utilizados para la producción de energía renovable pueden tener protecciones especiales durante un embargo, asegurando la continuidad de actividades de importancia ambiental y energética.
¿Qué sucede si el deudor alimentario reside en el extranjero en Argentina?
Si el deudor alimentario reside en el extranjero pero tiene obligaciones alimentarias en Argentina, el tribunal puede aplicar medidas para garantizar el cumplimiento. Esto incluye solicitar el reconocimiento y la ejecución de la decisión judicial en el país de residencia del deudor. También se puede recurrir a acuerdos internacionales, como tratados bilaterales, para asegurar que las obligaciones alimentarias sean cumplidas incluso cuando el deudor se encuentre fuera del territorio argentino.
¿Cuál es el proceso para la revisión y actualización de políticas de contratación gubernamental en Argentina?
El proceso implica la formación de comités de revisión que evalúan regularmente las políticas de contratación gubernamental. Se consideran cambios en la legislación, experiencias pasadas y mejores prácticas internacionales. La revisión y actualización son procesos continuos para adaptarse a las evoluciones del entorno normativo y las necesidades del país.
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