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¿Puede el arrendatario realizar reparaciones no urgentes por cuenta propia en Argentina?
Las reparaciones no urgentes generalmente requieren la aprobación del arrendador. El arrendatario debe notificar y obtener el consentimiento antes de realizar reparaciones significativas por cuenta propia.
¿Cómo se maneja la verificación de antecedentes en situaciones de empleo temporal o contratación por proyectos en Argentina?
En situaciones de empleo temporal o contratación por proyectos en Argentina, la verificación de antecedentes sigue siendo importante. Los empleadores pueden adaptar los procesos para garantizar una evaluación adecuada del historial del candidato, incluso si la duración del empleo es limitada.
¿Cómo se aborda legalmente el delito de ciberacoso en Argentina?
El ciberacoso, o acoso en línea, en Argentina está penalizado por leyes que buscan prevenir y sancionar el hostigamiento a través de medios electrónicos. Se imponen sanciones a quienes participan en prácticas de ciberacoso.
¿Cómo se asegura la trazabilidad ética en la cadena de producción y distribución en empresas argentinas?
La trazabilidad ética en la cadena de producción y distribución en Argentina se asegura mediante sistemas que permiten el seguimiento transparente de los productos desde su origen hasta el consumidor final. Esto incluye la documentación de prácticas éticas en cada etapa de la cadena, asegurando la conformidad con estándares éticos y legales.
¿Cómo se garantiza la coherencia entre las sanciones aplicadas a contratistas nacionales y extranjeros en Argentina?
Existen criterios y estándares uniformes para la aplicación de sanciones, independientemente de la nacionalidad del contratista. La coherencia se logra mediante la adhesión a principios éticos universales y la colaboración con organismos internacionales para garantizar estándares consistentes.
¿Cuál es el proceso para la declaración de inconstitucionalidad de una ley de familia en Argentina?
La declaración de inconstitucionalidad de una ley de familia en Argentina se realiza mediante un proceso judicial. Se debe presentar una demanda fundamentada ante un tribunal, argumentando por qué se considera que la ley en cuestión viola la Constitución. El tribunal evaluará los argumentos y, si los encuentra válidos, puede declarar la inconstitucionalidad de la ley.
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