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¿Cuáles son las leyes relacionadas con el delito de acoso cibernético en Argentina?
El acoso cibernético, también conocido como ciberacoso, está penalizado en Argentina por leyes que buscan prevenir el hostigamiento en línea. Se imponen sanciones a quienes participan en conductas de acoso a través de medios electrónicos.
¿Se pueden impugnar o apelar los antecedentes judiciales en Argentina?
Sí, se pueden presentar recursos legales para impugnar antecedentes judiciales incorrectos o injustos.
¿Cuál es el proceso para la adopción por parte de parejas extranjeras en Argentina?
La adopción por parte de parejas extranjeras en Argentina sigue un proceso legal que incluye la intervención de un organismo autorizado y la homologación del proceso por un tribunal argentino. Se busca garantizar el bienestar del menor y el cumplimiento de los requisitos legales tanto en el país de origen como en Argentina.
¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos de investigación sobre política criminal en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines de investigación sobre política criminal puede requerir autorización legal y estar sujeta a restricciones, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Cómo pueden las empresas en Argentina asegurarse de que sus proveedores cumplan con los requisitos de cumplimiento normativo?
La gestión de proveedores es una parte crucial del cumplimiento normativo. Las empresas deben establecer procesos de evaluación de proveedores que incluyan la revisión de sus prácticas comerciales, éticas y de cumplimiento normativo. La inclusión de cláusulas contractuales específicas y auditorías regulares ayudará a garantizar que los proveedores cumplan con los estándares requeridos.
¿Cómo se promueve la colaboración entre el sector público y privado en la supervisión de PEP en Argentina?
Argentina fomenta la colaboración entre el sector público y privado en la supervisión de PEP. Se establecen canales de comunicación efectivos entre las autoridades gubernamentales y las instituciones financieras y empresariales. Se alienta a las empresas a informar sobre transacciones sospechosas y a cooperar con las investigaciones. La participación activa del sector privado no solo fortalece la capacidad de supervisión, sino que también contribuye a la creación de un entorno empresarial ético y transparente en el país.
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