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¿Cómo se determina la cuota alimentaria en casos de hijos mayores de edad en Argentina?
En casos de hijos mayores de edad, la cuota alimentaria en Argentina se determina considerando la capacidad económica de los padres y las necesidades del hijo. Se evalúa la posibilidad de que el hijo se mantenga por sí mismo y la ayuda económica se establece de acuerdo con las circunstancias.
¿Cuáles son las leyes relacionadas con el delito de sabotaje informático en Argentina?
El sabotaje informático en Argentina está penalizado por leyes que buscan prevenir y sancionar ataques contra sistemas informáticos. Se imponen sanciones a quienes realizan acciones como el acceso no autorizado, la interrupción de servicios o la destrucción de datos electrónicos.
¿Cómo afectan los antecedentes judiciales a la participación en programas de educación para la paz en Argentina?
En programas de educación para la paz, los antecedentes judiciales pueden ser evaluados para garantizar la seguridad y la idoneidad de los participantes, especialmente en actividades relacionadas con la construcción de la paz y la resolución de conflictos.
¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos de investigación sobre migración en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines de investigación sobre migración puede requerir autorización legal y estar sujeta a restricciones, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Cómo se trata fiscalmente la venta de derechos de comercialización de productos de la industria farmacéutica en Argentina?
La venta de derechos de comercialización de productos de la industria farmacéutica está sujeta al Impuesto a las Ganancias. Es necesario declarar adecuadamente estas transacciones y calcular el impuesto correspondiente según las normativas fiscales vigentes.
¿Cómo se trata legalmente el delito de difamación política en Argentina?
La difamación política en Argentina está sujeta a las leyes de difamación, que buscan proteger la reputación de los funcionarios públicos y políticos. Se pueden presentar demandas civiles y, en casos graves, se pueden imponer sanciones penales por la difusión de información falsa que perjudique la imagen de una figura política.
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