Artículos recomendados
¿Quién tiene acceso a la información de antecedentes judiciales en Argentina?
La información está disponible para autoridades judiciales, fuerzas de seguridad y otras entidades autorizadas.
¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona con fines de investigación histórica en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines de investigación histórica puede estar sujeta a restricciones y requerir autorización legal, especialmente para proteger la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Cuáles son los riesgos legales y contractuales en la debida diligencia para adquisiciones en el sector de la salud en Argentina?
En el sector de la salud, la debida diligencia debe abordar los riesgos legales y contractuales. Esto implica revisar contratos médicos, evaluar la conformidad con regulaciones sanitarias, y comprender la situación legal de las instalaciones y profesionales de salud involucrados. Además, es esencial revisar el historial de litigios y sanciones regulatorias que puedan afectar la operación y reputación del negocio.
¿Cuál es la importancia de incluir cláusulas de no competencia en un contrato de venta de servicios de consultoría en recursos humanos en Argentina?
En contratos de venta de servicios de consultoría en recursos humanos en Argentina, las cláusulas de no competencia son fundamentales. Estas cláusulas deben establecer restricciones razonables en términos de alcance geográfico y duración para evitar conflictos potenciales entre el proveedor y el comprador.
¿Qué impuestos deben considerarse en las transacciones de bienes intangibles, como patentes o derechos de autor, en Argentina?
Las transacciones de bienes intangibles están sujetas al Impuesto a las Ganancias. La ganancia de capital se determina restando el costo original al monto de la venta. Además, el IVA puede aplicarse en ciertos casos.
¿Cuál es el papel de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la contratación pública en Argentina?
La participación ciudadana se fomenta mediante consultas públicas, audiencias y la incorporación de comentarios ciudadanos en la toma de decisiones sobre contratación pública. Esto garantiza la representación de diversas perspectivas y fortalece la legitimidad de los procesos de contratación gubernamental.
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