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¿Cuáles son las leyes relacionadas con el delito de tráfico de influencias en Argentina?
El tráfico de influencias en Argentina está penalizado por leyes que buscan prevenir y sancionar el uso indebido de influencias para obtener beneficios personales o favores ilícitos. Se imponen sanciones a aquellos que participan en este tipo de prácticas corruptas.
¿Cómo se gestionan los riesgos reputacionales asociados con la responsabilidad social corporativa durante la debida diligencia en Argentina?
La responsabilidad social corporativa (RSC) es un factor cada vez más importante. Durante la debida diligencia en Argentina, se debe evaluar cómo la empresa objetivo aborda cuestiones de RSC, incluyendo prácticas éticas, sostenibilidad y contribución a la comunidad. La gestión efectiva de estos aspectos puede influir en la percepción pública y la aceptación en el mercado.
¿Cuáles son los tipos de contratos laborales más comunes en Argentina y cómo afectan a las demandas laborales?
En Argentina, los contratos laborales más comunes incluyen contratos a plazo fijo, contratos a plazo indeterminado y contratos por obra o servicio. Estos contratos pueden influir en las demandas laborales, ya que la terminación del contrato y las condiciones establecidas en el mismo pueden ser puntos clave en disputas legales.
¿Puede un embargo afectar a pensiones o jubilaciones en Argentina?
Existen ciertas protecciones legales para las pensiones y jubilaciones, limitando la posibilidad de embargo y asegurando la subsistencia del beneficiario.
¿Cómo afecta la inflación a las obligaciones fiscales en Argentina?
La inflación puede impactar en la valuación de activos y la determinación de impuestos, especialmente en el Impuesto a las Ganancias. Es importante considerar ajustes fiscales para reflejar adecuadamente la realidad económica.
¿Cómo se determina la cuantía de las pensiones alimenticias en casos de varios beneficiarios en Argentina?
En casos de varios beneficiarios en Argentina, la cuantía de las pensiones alimenticias se determina considerando las necesidades individuales de cada beneficiario y las posibilidades económicas del deudor. El juez evaluará la proporción adecuada para cada beneficiario, asegurando que todas las partes reciban un apoyo justo y equitativo en función de sus necesidades particulares.
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