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¿Puede un embargo afectar a bienes necesarios para el ejercicio de una profesión en Argentina?
La ley argentina protege ciertos bienes necesarios para el ejercicio de una profesión, limitando la posibilidad de embargar herramientas esenciales para el trabajo.
¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos literarios o cinematográficos en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines literarios o cinematográficos puede requerir autorización legal y estar sujeta a restricciones, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Cómo aborda la evaluación de la inteligencia emocional del candidato, considerando la importancia de la empatía y la gestión emocional en el entorno laboral argentino?
La inteligencia emocional es una competencia clave. Se busca comprender cómo el candidato maneja sus emociones y las de los demás, su habilidad para construir relaciones saludables y su contribución a un clima laboral positivo en Argentina, donde las relaciones interpersonales son valoradas.
¿Cuál es el impacto de un embargo sobre bienes que están bajo un contrato de leasing financiero con opción a renovación en Argentina?
Un embargo sobre bienes bajo un contrato de leasing financiero con opción a renovación puede afectar la posibilidad de renovación, ya que la ejecución de la garantía podría interferir con la extensión del contrato.
¿Cuál es la importancia de incluir cláusulas de mantenimiento y soporte técnico en un contrato de venta de sistemas de software en Argentina?
En contratos de venta de sistemas de software en Argentina, las cláusulas de mantenimiento y soporte técnico son fundamentales. Deben especificar la duración del soporte, los plazos de respuesta y cualquier costo asociado. Ambas partes deben acordar claramente los términos para garantizar un funcionamiento continuo del software.
¿Cómo se trata legalmente el delito de difamación política en Argentina?
La difamación política en Argentina está sujeta a las leyes de difamación, que buscan proteger la reputación de los funcionarios públicos y políticos. Se pueden presentar demandas civiles y, en casos graves, se pueden imponer sanciones penales por la difusión de información falsa que perjudique la imagen de una figura política.
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