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¿Cómo se define el lavado de dinero en la legislación argentina?
En la legislación argentina, el lavado de dinero se define como el proceso mediante el cual los bienes provenientes de actividades ilícitas se incorporan al sistema económico legal con apariencia de legalidad. Esto incluye la conversión, transferencia, ocultamiento o posesión de bienes derivados de actividades delictivas, como el narcotráfico, la corrupción, el contrabando, entre otros.
¿Cuál es el impacto de los antecedentes disciplinarios en la elegibilidad para participar en programas de formación técnica y vocacional en Argentina?
Los antecedentes disciplinarios pueden tener un impacto en la elegibilidad para participar en programas de formación técnica y vocacional en Argentina. Las instituciones educativas pueden evaluar la idoneidad de los candidatos, considerando la seguridad y la relevancia de los antecedentes para el programa de formación.
¿Puede un embargo afectar a bienes que están siendo financiados mediante un contrato de leasing operativo en Argentina?
Los bienes financiados mediante un contrato de leasing operativo pueden ser objeto de embargo, y el proceso implica notificar al arrendador y evaluar los derechos del arrendatario sobre los bienes.
¿Cuál es el tratamiento de las cláusulas indemnizatorias en un contrato de venta en Argentina?
Las cláusulas indemnizatorias en un contrato de venta argentino deben especificar las condiciones bajo las cuales una parte puede reclamar indemnización por daños y perjuicios. Es crucial definir los límites de responsabilidad, los tipos de daños cubiertos y los procedimientos para presentar reclamaciones.
¿Qué información adicional puede incluir un certificado de antecedentes judiciales en Argentina?
Además de los antecedentes penales, puede incluir información sobre medidas de seguridad y libertad condicional.
¿Cómo se asegura Argentina de que las PEP no utilicen la contratación pública para favorecer a empresas afines en proyectos de infraestructura?
Argentina se asegura de que las PEP no utilicen la contratación pública para favorecer a empresas afines en proyectos de infraestructura mediante la aplicación de medidas específicas. Se establecen procesos de licitación transparentes y competitivos, asegurando que la selección de contratistas sea objetiva. La debida diligencia en la evaluación de las ofertas y la divulgación proactiva de posibles conexiones entre PEP y empresas participantes son esenciales. Además, se promueve la participación ciudadana en la supervisión de los procesos de licitación y se establecen sanciones en caso de detectarse favoritismos indebidos. La revisión constante de los procedimientos y la aplicación rigurosa de medidas éticas contribuyen a mantener la integridad en la contratación pública.
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