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¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos de investigación sobre política criminal en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines de investigación sobre política criminal puede requerir autorización legal y estar sujeta a restricciones, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Cómo pueden las empresas en Argentina abordar los desafíos éticos asociados con la inteligencia artificial y la automatización, y qué medidas deben tomar para garantizar un uso ético de estas tecnologías?
El uso ético de la inteligencia artificial y la automatización es una preocupación creciente. Las empresas en Argentina deben establecer políticas éticas claras que guíen el desarrollo y uso de estas tecnologías. Esto incluye la transparencia en la toma de decisiones algorítmicas, la evaluación de posibles sesgos y el cumplimiento de regulaciones específicas en el ámbito de la tecnología. La participación de expertos éticos en la implementación de estas tecnologías refuerza el cumplimiento normativo.
¿Qué es el DNI digital y cómo se obtiene?
El DNI digital es una versión electrónica del documento físico. Se obtiene descargando la aplicación "Mi Argentina", registrándose y solicitando el DNI digital en la opción correspondiente.
¿Puede un embargo recaer sobre propiedades rurales en Argentina?
Sí, las propiedades rurales pueden ser objeto de embargo en Argentina, y el proceso sigue las mismas pautas legales que para las propiedades urbanas.
¿Existen programas de intercambio entre escritores y poetas argentinos y editoriales literarias en España?
Sí, existen programas de intercambio entre escritores y poetas argentinos y editoriales literarias en España. Pueden participar en eventos literarios, colaborar en antologías y contribuir a la diversidad literaria en ambos países.
¿Cómo se promueve la transparencia en la toma de decisiones sobre la contratación gubernamental en Argentina?
La transparencia se promueve mediante la publicación de información sobre procesos de licitación, evaluaciones de propuestas y decisiones de adjudicación. Además, se establecen mecanismos de apelación y se fomenta la participación ciudadana para supervisar y cuestionar la transparencia en la toma de decisiones.
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