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¿Cuál es la importancia de incluir cláusulas de fuerza mayor en un contrato de venta de bienes perecederos en Argentina?
En contratos de venta de bienes perecederos en Argentina, las cláusulas de fuerza mayor son fundamentales para abordar eventos imprevisibles que podrían afectar la entrega o recepción de los productos. Estas cláusulas deben definir qué eventos se consideran de fuerza mayor, las obligaciones durante esos eventos y los procedimientos para notificar y resolver situaciones de fuerza mayor.
¿Puede un embargo afectar a bienes que están siendo utilizados como parte de programas de desarrollo social en Argentina?
Los bienes utilizados como parte de programas de desarrollo social pueden tener protecciones especiales durante un embargo, asegurando la continuidad de actividades destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población.
¿Cuáles son las opciones de un deudor para evitar un embargo en Argentina?
Un deudor puede evitar un embargo negociando con el acreedor, buscando acuerdos de pago, presentando oposición legal o acogiéndose a procesos de reestructuración de deuda.
¿Cuáles son las opciones para la liberación de bienes embargados en Argentina durante un proceso de ejecución?
La liberación de bienes embargados puede lograrse mediante el pago total de la deuda, la negociación de un acuerdo de pago, la presentación de garantías suficientes, o la demostración de la inexistencia de la deuda.
¿Cómo se verifica la identidad en el acceso a servicios de seguridad y vigilancia privada en Argentina?
En servicios de seguridad privada, la validación de identidad puede requerir la presentación del DNI, la verificación de antecedentes y la autenticación segura del personal de seguridad. Estos protocolos garantizan la confiabilidad y legitimidad de los profesionales encargados de la seguridad y vigilancia.
¿Cuál es el papel de la tecnología blockchain en la gestión de contratos gubernamentales y la supervisión de contratistas en Argentina?
La tecnología blockchain se utiliza para garantizar la integridad y seguridad de los contratos gubernamentales. Proporciona un registro inmutable de transacciones, reduciendo el riesgo de manipulación. Además, facilita la supervisión transparente y eficiente de las actividades de los contratistas.
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