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¿Cómo se realiza el trámite de cambio de nombre por razones de seguridad?
El cambio de nombre por razones de seguridad se puede gestionar en el Renaper. Se debe presentar la documentación que respalde la necesidad del cambio por motivos de seguridad, y se evalúa cada caso de manera individual.
¿Qué recursos legales tiene el deudor alimentario para impugnar la cuantía de las pensiones en Argentina?
El deudor alimentario en Argentina puede impugnar la cuantía de las pensiones presentando una solicitud al tribunal. Debe proporcionar pruebas y argumentos que respalden su solicitud, como cambios en sus circunstancias económicas. El tribunal revisará la solicitud y tomará una decisión considerando la equidad y el bienestar de los beneficiarios, asegurando que la cuantía de las pensiones sea justa y proporcional a las capacidades económicas del deudor.
¿Puede el arrendatario retener el pago del alquiler en Argentina por problemas no resueltos en la propiedad?
El arrendatario no puede retener el pago del alquiler unilateralmente. En cambio, debe notificar al arrendador sobre los problemas y permitir un plazo razonable para su resolución antes de tomar medidas adicionales.
¿Cuál es su estrategia para evaluar la adaptabilidad a la tecnología, considerando la creciente digitalización en el mercado laboral argentino?
La adaptabilidad tecnológica es esencial. Se busca entender cómo el candidato se adapta a nuevas herramientas y tecnologías, su disposición para aprender y aplicar soluciones digitales en un entorno donde la digitalización es una tendencia en constante crecimiento en Argentina.
¿Cómo afectan los antecedentes judiciales a la participación en programas de promoción de la seguridad vial en Argentina?
En programas de promoción de la seguridad vial, los antecedentes judiciales pueden ser evaluados para garantizar la seguridad y la idoneidad de los participantes, especialmente en actividades relacionadas con la conciencia vial.
¿Cómo se aborda legalmente el delito de difamación en Argentina?
La difamación en Argentina está penalizada por leyes que protegen la reputación de las personas. Se pueden presentar demandas civiles por daños y perjuicios, y en casos graves, se pueden imponer sanciones penales.
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