Artículos recomendados
¿Cuáles son las obligaciones fiscales de los residentes argentinos con ingresos generados en el exterior?
Los residentes argentinos con ingresos generados en el exterior deben declarar estos ingresos en Argentina. Pueden estar sujetos a impuestos en el país de origen y podrían acceder a beneficios por convenios para evitar la doble imposición.
¿Cuáles son las obligaciones del arrendador en caso de expropiación de la propiedad arrendada en Argentina?
En caso de expropiación, el arrendador debe notificar al arrendatario y, dependiendo de los términos del contrato, puede haber disposiciones sobre la rescisión del contrato o compensación al arrendatario.
¿Cómo se asegura la inclusión y cumplimiento de las medidas contra el lavado de dinero en las jurisdicciones provinciales de Argentina?
La inclusión y cumplimiento de medidas contra el lavado de dinero en las jurisdicciones provinciales de Argentina se asegura mediante la coordinación entre autoridades nacionales y provinciales. Se establecen protocolos y directrices que deben ser seguidos por todas las jurisdicciones. La UIF desempeña un papel coordinador para garantizar la coherencia en la implementación de políticas y la supervisión de medidas preventivas en todo el país.
¿Puede un embargo afectar a bienes que son propiedad de una sociedad anónima en Argentina?
Sí, los bienes de una sociedad anónima pueden ser objeto de embargo en caso de deudas de la entidad, afectando su patrimonio y operaciones.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de los ingresos obtenidos por la venta de productos agropecuarios en Argentina?
Los ingresos obtenidos por la venta de productos agropecuarios están sujetos al Impuesto a las Ganancias. Los productores deben declarar estos ingresos y calcular el impuesto correspondiente según las normativas fiscales vigentes.
¿Cómo se resuelven las disputas en un contrato de venta en Argentina?
Para resolver disputas en un contrato de venta argentino, las partes pueden recurrir a la mediación, arbitraje o, en última instancia, a la vía judicial. La elección de mecanismo de resolución de disputas debe estar claramente establecida en el contrato.
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