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¿Cómo se notifica a un deudor sobre un embargo en Argentina?
La notificación se realiza a través de un oficial de justicia o mediante edictos judiciales publicados en el Boletín Oficial, asegurando que el deudor tenga conocimiento de la medida.
¿Cuál es la legislación en Argentina sobre el delito de trata de personas con fines de explotación laboral?
La trata de personas con fines de explotación laboral en Argentina es penalizada por leyes específicas. Se busca proteger a los trabajadores y castigar a aquellos que participan en la explotación laboral.
¿Puede un embargo afectar a bienes que son propiedad de una sociedad anónima en Argentina?
Sí, los bienes de una sociedad anónima pueden ser objeto de embargo en caso de deudas de la entidad, afectando su patrimonio y operaciones.
¿Cuál es el plazo para solicitar la revisión de las pensiones alimenticias en Argentina?
El plazo para solicitar la revisión de las pensiones alimenticias en Argentina puede variar según las circunstancias y la jurisdicción. Sin embargo, generalmente no hay un plazo fijo establecido. Es importante que las partes actúen de manera oportuna al experimentar cambios significativos en la situación económica o familiar que justifiquen la revisión. La presentación de solicitudes dentro de un plazo razonable después de que ocurran los cambios mejora las posibilidades de obtener una revisión justa por parte del tribunal.
¿Cuál es el papel de la tecnología blockchain en la gestión de contratos gubernamentales y la supervisión de contratistas en Argentina?
La tecnología blockchain se utiliza para garantizar la integridad y seguridad de los contratos gubernamentales. Proporciona un registro inmutable de transacciones, reduciendo el riesgo de manipulación. Además, facilita la supervisión transparente y eficiente de las actividades de los contratistas.
¿Cómo se garantiza la equidad en la participación de contratistas de diferentes tamaños en proyectos gubernamentales en Argentina?
La equidad se garantiza mediante la segmentación de proyectos de manera que se adapten a la capacidad de diferentes tamaños de contratistas. Además, se establecen criterios específicos que permiten la participación de pequeñas, medianas y grandes empresas, promoviendo la competencia justa.
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