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¿Qué derechos tiene un deudor durante el proceso de embargo en Argentina?
Un deudor tiene derecho a ser notificado adecuadamente, a presentar oposición, a proponer bienes sustitutos y a buscar acuerdos de pago para resolver la deuda.
¿Cómo afectan los antecedentes judiciales a la participación en programas de promoción de la movilidad sostenible en Argentina?
En programas de promoción de la movilidad sostenible, los antecedentes judiciales pueden ser evaluados para garantizar la confiabilidad y la idoneidad de los participantes, especialmente en proyectos relacionados con el transporte ecológico.
¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para uso académico en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines académicos puede estar sujeta a restricciones y requerir autorización legal, y es esencial respetar la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Es obligatorio obtener el consentimiento del candidato antes de realizar la verificación de antecedentes en Argentina?
Sí, en Argentina es obligatorio obtener el consentimiento expreso del candidato antes de llevar a cabo la verificación de antecedentes. Esto se ajusta a las regulaciones de protección de datos personales.
¿Cómo pueden las empresas de servicios de desarrollo de software en Argentina manejar los antecedentes disciplinarios de manera ética al contratar programadores y desarrolladores de aplicaciones?
Las empresas de servicios de desarrollo de software en Argentina pueden manejar los antecedentes disciplinarios de manera ética al contratar programadores y desarrolladores de aplicaciones mediante la evaluación de habilidades técnicas y la relevancia de los antecedentes para el desarrollo de software. Es esencial equilibrar la calidad del código y la seguridad informática con oportunidades de rehabilitación para aquellos con antecedentes disciplinarios que demuestren competencia en el ámbito del desarrollo de software.
¿Cuál es la posición de Argentina con respecto a la pena de muerte?
Argentina ha abolido la pena de muerte y la considera incompatible con los derechos humanos. La constitución prohíbe expresamente su aplicación, y el país aboga por la abolición global de esta práctica.
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