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¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos de investigación sobre políticas de ciencia y tecnología en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines de investigación sobre políticas de ciencia y tecnología puede requerir autorización legal y estar sujeta a restricciones, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Cómo se determina la cuota alimentaria en casos de divorcio en Argentina?
La cuota alimentaria en casos de divorcio en Argentina se determina considerando factores como los ingresos y gastos de los cónyuges, las necesidades del beneficiario y el nivel de vida durante el matrimonio. El tribunal busca establecer una cuota justa y proporcional a las circunstancias específicas del caso.
¿Puede un embargo afectar a bienes de uso personal, como ropa o muebles básicos, en Argentina?
Existen restricciones para embargar bienes de uso personal necesarios para la vida diaria, como ropa o muebles básicos, con el fin de garantizar condiciones mínimas de subsistencia.
¿Cómo se promueve la divulgación proactiva de información por parte de contratistas en proyectos gubernamentales en Argentina?
La divulgación proactiva se promueve mediante la incorporación de cláusulas contractuales que exigen a los contratistas compartir de manera regular información relevante sobre el progreso del proyecto, gastos y otros aspectos clave. Esto mejora la transparencia y la rendición de cuentas.
¿Cuál es el impacto de los antecedentes disciplinarios en la elegibilidad para servicios de asesoramiento legal gratuito en Argentina?
Los antecedentes disciplinarios pueden tener un impacto en la elegibilidad para servicios de asesoramiento legal gratuito en Argentina. Algunas organizaciones que ofrecen servicios legales gratuitos pueden evaluar la idoneidad de los solicitantes considerando la conducta pasada como parte del proceso de selección.
¿Cuál es la posición de Argentina con respecto a la pena de muerte?
Argentina ha abolido la pena de muerte y la considera incompatible con los derechos humanos. La constitución prohíbe expresamente su aplicación, y el país aboga por la abolición global de esta práctica.
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