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¿Qué derechos tienen los contratistas sancionados para impugnar las decisiones y sanciones impuestas en Argentina?
Los contratistas sancionados tienen derecho a presentar recursos y apelaciones ante instancias judiciales específicas. Se les garantiza un proceso de revisión imparcial para impugnar las sanciones, y se toman en cuenta pruebas y argumentos antes de tomar decisiones finales.
¿Puede un individuo acceder a los antecedentes judiciales de otra persona con su consentimiento en Argentina?
Sí, con el consentimiento de la persona en cuestión, se puede acceder a sus antecedentes judiciales, siempre que se respeten las leyes de privacidad.
¿Cómo se aborda legalmente el delito de secuestro extorsivo en Argentina?
El secuestro extorsivo en Argentina es un delito grave que implica privar ilegítimamente de la libertad a una persona con fines de obtener un rescate. Está penalizado con sanciones severas, incluyendo penas de prisión significativas.
¿Puede un empleador despedir a un empleado por descubrir antecedentes judiciales después de la contratación en Argentina?
En general, un empleador no puede despedir a un empleado únicamente por descubrir antecedentes judiciales después de la contratación, a menos que exista una relación directa con el trabajo o haya falseamiento de información.
¿Cómo se establece la tenencia compartida en casos de divorcio en Argentina?
La tenencia compartida en casos de divorcio en Argentina se puede establecer por acuerdo mutuo de los padres o por decisión judicial. El tribunal evaluará si la tenencia compartida es beneficiosa para el bienestar del menor, asegurando una participación activa de ambos progenitores en la crianza.
¿Cómo se asegura Argentina de que las sanciones a las PEP no afecten injustamente a terceros inocentes?
Argentina se esfuerza por garantizar que las sanciones a las PEP no afecten injustamente a terceros inocentes. Los procedimientos legales incluyen salvaguardias para proteger los derechos de personas que puedan verse afectadas indirectamente por las sanciones. Además, se fomenta la revisión judicial y la participación de los afectados en el proceso para asegurar que las sanciones sean proporcionadas y justas. La presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo son principios fundamentales que guían el proceso sancionador.
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