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¿Cómo se trata legalmente el delito de difamación política en Argentina?
La difamación política en Argentina está sujeta a las leyes de difamación, que buscan proteger la reputación de los funcionarios públicos y políticos. Se pueden presentar demandas civiles y, en casos graves, se pueden imponer sanciones penales por la difusión de información falsa que perjudique la imagen de una figura política.
¿Cómo se resuelven los casos de sustracción de menores por uno de los progenitores en Argentina?
En casos de sustracción de menores por uno de los progenitores en Argentina, se sigue la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Se busca la restitución del menor al país de residencia habitual antes de la sustracción.
¿Cómo aborda la evaluación de la capacidad del candidato para liderar procesos de gestión del cambio, considerando la importancia de adaptarse a transformaciones organizacionales en Argentina?
La gestión del cambio es crucial. Se busca entender cómo el candidato lidera procesos de cambio, su enfoque para comunicar y gestionar la transición, y su contribución para minimizar la resistencia y maximizar el éxito de las transformaciones en el entorno empresarial argentino.
¿Qué hacer si el DNI contiene información incorrecta sobre la nacionalidad?
Si el DNI contiene información incorrecta sobre la nacionalidad, se debe solicitar la corrección en el Renaper. Se presentan los documentos que respalden la información correcta, y se emite un nuevo documento con los datos corregidos.
¿Cuál es el impacto de un embargo sobre bienes que están bajo un contrato de factoring en Argentina?
Un embargo sobre bienes bajo un contrato de factoring puede afectar al factor y al cliente, ya que la medida cautelar puede interferir con la cesión de cuentas y la relación contractual.
¿Cuáles son los requisitos para la conciliación obligatoria en Argentina y cómo impacta en las demandas?
La conciliación obligatoria en Argentina es un paso previo a la presentación de una demanda laboral. Para que sea obligatoria, ambas partes deben ser convocadas por el Ministerio de Trabajo. Este proceso busca una resolución amigable del conflicto antes de llegar a los tribunales. Si las partes no cumplen con este requisito, puede afectar negativamente el curso de una demanda posterior, ya que se espera que agoten los intentos de conciliación antes de recurrir a la vía judicial.
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