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¿Cuál es la normativa sobre el plazo de preaviso para el no renovar el contrato en Argentina?
Tanto el arrendador como el arrendatario deben notificar su intención de no renovar el contrato con un plazo mínimo de 60 días antes del vencimiento del contrato.
¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos educativos en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines educativos puede estar sujeta a restricciones y requerir autorización legal, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Cuáles son las mejores prácticas para la monitorización y mejora continua de un programa de compliance en Argentina?
La monitorización efectiva implica el uso de indicadores clave de rendimiento, auditorías regulares y la recopilación de retroalimentación interna y externa. La mejora continua se logra mediante la adaptación proactiva a cambios normativos y la actualización constante de políticas y procedimientos.
¿Cómo se aborda legalmente el delito de corrupción en el ámbito privado en Argentina?
La corrupción en el ámbito privado en Argentina está penalizada por leyes que buscan prevenir y sancionar prácticas corruptas dentro de empresas y organizaciones privadas. Se imponen sanciones a individuos involucrados en actos de corrupción empresarial.
¿Qué medidas se implementan para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información durante la ejecución de proyectos gubernamentales por parte de contratistas en Argentina?
Se implementan medidas de seguridad, como acuerdos de confidencialidad, protocolos de manejo de datos y la utilización de tecnologías seguras. Esto asegura la protección de información sensible y garantiza que los contratistas manejen los datos de manera segura durante la ejecución de proyectos.
¿Qué medidas se toman para evitar conflictos de interés en la adjudicación de contratos a contratistas en Argentina?
Se implementan medidas rigurosas para prevenir conflictos de interés, incluyendo la divulgación obligatoria de relaciones empresariales y financieras, así como la exclusión de procesos de licitación en los que puedan surgir conflictos. La supervisión activa y auditorías regulares refuerzan estas medidas.
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