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¿Cómo se aborda legalmente el delito de tráfico de armas en Argentina?
El tráfico de armas en Argentina está penalizado por leyes que buscan prevenir y sancionar la compraventa ilegal de armas de fuego. Se imponen sanciones a aquellos involucrados en el tráfico de armas, contribuyendo a controlar su circulación y uso indebido.
¿Existen medidas específicas para garantizar la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores de contratistas en proyectos gubernamentales en Argentina?
Sí, se implementan medidas específicas, como la inclusión de requisitos de seguridad en los contratos, inspecciones regulares de seguridad en el lugar de trabajo y la promoción de buenas prácticas de salud ocupacional. Garantizar la seguridad y salud ocupacional es fundamental para proteger a los trabajadores y cumplir con estándares internacionales.
¿Puede un ciudadano obtener una copia de sus antecedentes judiciales en Argentina para uso personal?
Sí, un ciudadano puede solicitar una copia de sus antecedentes judiciales para uso personal a través del Registro Nacional de Reincidencia.
¿Cuáles son los pasos para registrar una empresa en Argentina?
El registro de una empresa en Argentina implica varios pasos. Primero, se debe verificar la disponibilidad del nombre y realizar el trámite ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Luego, se completa la documentación requerida, como estatutos sociales y datos de los socios. Posteriormente, se obtiene el CUIT (Código Único de Identificación Tributaria) ante la AFIP y se realiza el registro en la Administración Federal de Ingresos Públicos. Es fundamental cumplir con los requisitos impositivos y laborales.
¿Cuáles son los tipos comunes de embargos en Argentina?
Los embargos más comunes en Argentina incluyen embargos preventivos, embargos ejecutivos y embargos sobre sueldos y salarios.
¿Cómo se gestionan los conflictos de interés potenciales entre funcionarios públicos y contratistas en Argentina?
Se implementan medidas de gestión de conflictos de interés, como la declaración obligatoria de intereses financieros y la restricción de participación en procesos de contratación a aquellos con posibles conflictos. La transparencia y la divulgación son clave para abordar este problema.
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