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¿Cómo se determina la cuota alimentaria en casos de divorcio en Argentina?
La cuota alimentaria en casos de divorcio en Argentina se determina considerando los ingresos y gastos de ambas partes, así como las necesidades de los hijos. El objetivo es asegurar un nivel de vida adecuado para los menores tras la separación.
¿Cuál es la situación fiscal de los ingresos obtenidos por la realización de actividades de consultoría en tecnología de la información en Argentina?
Los ingresos obtenidos por la realización de actividades de consultoría en tecnología de la información están sujetos al Impuesto a las Ganancias. Los profesionales deben declarar estos ingresos y cumplir con las obligaciones fiscales establecidas por la AFIP.
¿Cuáles son las medidas de mitigación adoptadas para minimizar el impacto económico en proyectos donde contratistas sancionados están involucrados en Argentina?
Se implementan medidas de mitigación, como la asignación de un supervisor adicional, revisiones de desempeño más frecuentes y penalizaciones financieras específicas para contratistas sancionados, con el objetivo de minimizar el impacto económico en proyectos críticos para el desarrollo del país.
¿Existen programas de rehabilitación para personas con antecedentes judiciales en Argentina?
Sí, hay programas de rehabilitación destinados a ayudar a las personas con antecedentes judiciales a reintegrarse a la sociedad y evitar la reincidencia.
¿Existe algún límite legal para el aumento del alquiler en contratos de corta duración en Argentina?
En contratos de corta duración, el aumento del alquiler no puede exceder el 15% anual, a menos que se justifique por mejoras sustanciales en la propiedad.
¿Cuáles son las obligaciones de las autoridades gubernamentales en casos de deudores alimentarios en Argentina?
Las autoridades gubernamentales en Argentina tienen la obligación de intervenir y proteger los derechos de los beneficiarios en casos de deudores alimentarios. Esto puede incluir la ejecución de medidas judiciales, la mediación y la asistencia social. Además, las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar que se cumplan las decisiones judiciales relacionadas con las obligaciones alimentarias, colaborando con el sistema judicial para asegurar el bienestar de los beneficiarios.
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