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¿Existen programas de capacitación obligatoria en ética y cumplimiento para contratistas en Argentina?
Sí, se requiere que los contratistas participen en programas de capacitación obligatoria en ética y cumplimiento como parte de los requisitos para participar en licitaciones gubernamentales. Estos programas abordan temas como prevención de corrupción, conflictos de interés y prácticas comerciales éticas.
¿Cuál es el impacto de un embargo sobre bienes que están bajo un contrato de consignación en Argentina?
Un embargo sobre bienes bajo un contrato de consignación puede afectar al consignador y al consignatario, ya que la medida cautelar puede interferir con la comercialización de los bienes.
¿Qué medidas se implementan para validar la identidad en el acceso a servicios gubernamentales en línea en Argentina?
Para acceder a servicios gubernamentales en línea, se utilizan métodos de autenticación seguros que pueden incluir el uso del DNI electrónico, contraseñas robustas y verificación de datos biométricos. Estas medidas aseguran que solo los titulares legítimos tengan acceso a información y trámites gubernamentales sensibles.
¿Cómo se regula la pensión alimentaria en casos de hijos con discapacidad en Argentina?
En casos de hijos con discapacidad en Argentina, la pensión alimentaria se determina considerando las necesidades especiales del menor. El monto puede ser ajustado para cubrir gastos médicos, terapias y otros costos asociados a la discapacidad.
¿Puede el arrendatario subarrendar la propiedad sin el consentimiento del arrendador en Argentina?
En general, el arrendatario necesita el consentimiento previo por escrito del arrendador para subarrendar la propiedad, a menos que el contrato permita lo contrario.
¿Cómo se asegura Argentina de que las sanciones a las PEP no afecten injustamente a terceros inocentes?
Argentina se esfuerza por garantizar que las sanciones a las PEP no afecten injustamente a terceros inocentes. Los procedimientos legales incluyen salvaguardias para proteger los derechos de personas que puedan verse afectadas indirectamente por las sanciones. Además, se fomenta la revisión judicial y la participación de los afectados en el proceso para asegurar que las sanciones sean proporcionadas y justas. La presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo son principios fundamentales que guían el proceso sancionador.
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