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¿Cómo se determina la competencia judicial en casos de embargos en Argentina?
La competencia judicial se determina según la ubicación de los bienes a embargar o el domicilio del deudor, siguiendo las normativas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
¿Cómo se manejan fiscalmente las operaciones de importación de productos químicos en Argentina?
Las operaciones de importación de productos químicos están sujetas a regulaciones fiscales y aduaneras. Es importante cumplir con los requisitos y presentar la documentación necesaria para garantizar el tratamiento fiscal adecuado de estas operaciones.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales para los contribuyentes que realizan transacciones con criptomonedas en Argentina?
Las transacciones con criptomonedas en Argentina pueden tener implicaciones fiscales, y los contribuyentes deben cumplir con las obligaciones tributarias asociadas a estas operaciones.
¿Cuál es el impacto de un embargo sobre bienes que están bajo un contrato de leasing financiero con opción a compra en Argentina?
Un embargo sobre bienes bajo un contrato de leasing financiero con opción a compra puede afectar la opción de compra, ya que la ejecución de la garantía podría interferir con la transferencia de propiedad.
¿Cómo se regula la tenencia en casos de padres que viven en diferentes jurisdicciones en Argentina?
La tenencia en casos de padres que viven en diferentes jurisdicciones en Argentina se aborda considerando el interés superior del menor. El tribunal puede tomar medidas para garantizar el ejercicio de los derechos y responsabilidades de ambos padres, incluso si residen en diferentes provincias. La cooperación entre jurisdicciones puede ser necesaria para asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales.
¿Puede un tercero ser responsable de pagar las pensiones alimenticias en lugar del deudor en Argentina?
En circunstancias excepcionales, un tercero puede ser considerado responsable de pagar las pensiones alimenticias en lugar del deudor en Argentina. Esto puede ocurrir si el tribunal determina que el tercero tiene la capacidad económica para asumir la responsabilidad y que es necesario para garantizar el bienestar de los beneficiarios. Esta situación suele requerir una revisión exhaustiva por parte del tribunal para evaluar la viabilidad y la equidad de tal disposición.
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