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¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos de investigación sobre política criminal en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines de investigación sobre política criminal puede requerir autorización legal y estar sujeta a restricciones, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Cómo se abordan las fluctuaciones en las tasas de cambio en un contrato de venta internacional en Argentina?
En contratos de venta internacional en Argentina, las fluctuaciones en las tasas de cambio pueden abordarse mediante cláusulas que establezcan el tipo de cambio aplicable, los plazos de pago y mecanismos de ajuste para proteger a ambas partes de cambios significativos en la moneda.
¿Cuáles son las implicancias de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el compliance argentino?
La Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Argentina establece la responsabilidad legal de las empresas por actos delictivos. Los programas de compliance deben adaptarse para prevenir, detectar y corregir conductas que puedan resultar en responsabilidad penal, asegurando el cumplimiento normativo.
¿Cómo afectan los antecedentes judiciales a la obtención de permisos de portación de armas en Argentina?
Los antecedentes judiciales pueden ser evaluados al solicitar un permiso de portación de armas, y ciertos delitos pueden resultar en la denegación de la solicitud.
¿Cuál es la normativa sobre el desalojo por falta de pago en Argentina?
El desalojo por falta de pago sigue un proceso legal, que generalmente incluye notificaciones formales y plazos para el arrendatario regularizar la situación antes de proceder al desalojo.
¿Puede el deudor alimentario solicitar la suspensión de las pensiones durante el servicio militar obligatorio?
En casos en que el deudor alimentario deba cumplir con el servicio militar obligatorio en Argentina, puede solicitar la suspensión temporal de las pensiones alimenticias. Esta solicitud debe presentarse ante el tribunal, proporcionando pruebas de la obligación de servicio militar y su impacto en la capacidad económica del deudor. El tribunal evaluará la solicitud y tomará una decisión considerando el interés superior de los beneficiarios y la duración del servicio militar.
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