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¿Cómo se aborda legalmente el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina?
La trata de personas con fines de explotación sexual está penalizada en Argentina. Se buscan medidas para prevenir y sancionar este delito, protegiendo a las víctimas y castigando a los responsables.
¿Cómo se aborda la validación de identidad en el acceso a espacios públicos, como aeropuertos o estadios, en Argentina?
En el acceso a espacios públicos, la validación de identidad implica la presentación del DNI y, en algunos casos, la utilización de tecnologías de reconocimiento facial o de escaneo biométrico para agilizar los controles de seguridad y garantizar la integridad del evento o lugar.
¿Puede un empleador solicitar información sobre antecedentes judiciales al contratar a alguien en Argentina?
Sí, los empleadores pueden solicitar certificados de antecedentes judiciales como parte del proceso de contratación.
¿Cuál es el papel de las tecnologías de análisis de datos en la lucha contra el lavado de dinero en Argentina?
Las tecnologías de análisis de datos desempeñan un papel esencial en la lucha contra el lavado de dinero en Argentina. Herramientas avanzadas permiten a las instituciones financieras y a la UIF analizar grandes conjuntos de datos para identificar patrones y transacciones inusuales. El uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático contribuye a mejorar la detección temprana de actividades sospechosas, fortaleciendo así los esfuerzos para prevenir el lavado de dinero.
¿Puede un embargo afectar a bienes que están siendo utilizados para la producción de bienes relacionados con la industria farmacéutica en Argentina?
Los bienes utilizados para la producción de bienes relacionados con la industria farmacéutica pueden tener protecciones especiales durante un embargo, asegurando la continuidad de actividades críticas para la salud pública.
¿Cómo se garantiza la equidad en la participación de contratistas de diferentes tamaños en proyectos gubernamentales en Argentina?
La equidad se garantiza mediante la segmentación de proyectos de manera que se adapten a la capacidad de diferentes tamaños de contratistas. Además, se establecen criterios específicos que permiten la participación de pequeñas, medianas y grandes empresas, promoviendo la competencia justa.
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