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¿Qué es un embargo preventivo en Argentina?
Un embargo preventivo es una medida cautelar que busca asegurar bienes del deudor antes de que se dicte una sentencia definitiva, con el objetivo de evitar que estos sean dilapidados o transferidos.
¿Cómo aborda la evaluación de la capacidad del candidato para liderar proyectos de transformación cultural, considerando la importancia de alinear la cultura organizacional con los valores locales en Argentina?
La transformación cultural es esencial. Se busca comprender cómo el candidato lidera la alineación de la cultura organizacional con los valores locales, su enfoque para involucrar a los empleados en el cambio cultural y su contribución para crear una cultura arraigada en la realidad y valores del mercado laboral argentino.
¿Cuáles son las instituciones encargadas de prevenir y combatir el lavado de activos en Argentina?
En Argentina, la Unidad de Información Financiera (UIF) es la entidad encargada de prevenir y combatir el lavado de activos. Trabaja en estrecha colaboración con otras autoridades como el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores para supervisar las actividades financieras y detectar posibles casos de lavado de activos.
¿Cuál es la diferencia entre antecedentes judiciales y antecedentes comerciales en Argentina?
Los antecedentes judiciales se refieren a la historia penal de una persona, mientras que los antecedentes comerciales involucran la actividad crediticia y financiera en el ámbito comercial.
¿Cuál es el papel de las garantías bancarias en un contrato de venta en Argentina?
Las garantías bancarias pueden ser parte integral de un contrato de venta argentino, especialmente en transacciones de gran envergadura. Deben especificarse las condiciones para la emisión y liberación de estas garantías, así como las consecuencias en caso de incumplimiento.
¿Qué medidas se toman para evitar conflictos de interés en la adjudicación de contratos a contratistas en Argentina?
Se implementan medidas rigurosas para prevenir conflictos de interés, incluyendo la divulgación obligatoria de relaciones empresariales y financieras, así como la exclusión de procesos de licitación en los que puedan surgir conflictos. La supervisión activa y auditorías regulares refuerzan estas medidas.
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