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¿Se puede incluir una cláusula de penalización por rescisión anticipada en el contrato en Argentina?
Sí, las partes pueden acordar cláusulas de penalización por rescisión anticipada en el contrato, estableciendo las consecuencias financieras en caso de incumplimiento.
¿Cómo se abordan las cláusulas de penalización por incumplimiento en un contrato de venta de servicios de consultoría legal en Argentina?
En contratos de venta de servicios de consultoría legal en Argentina, las cláusulas de penalización por incumplimiento son importantes para garantizar el cumplimiento de los plazos y objetivos acordados. Estas cláusulas deben establecer montos de penalización claros, condiciones para su aplicación y procedimientos para la notificación y corrección de incumplimientos.
¿Cómo afectan los antecedentes judiciales a la obtención de créditos hipotecarios en Argentina?
Los antecedentes judiciales pueden influir en la aprobación de créditos hipotecarios, ya que las instituciones financieras evalúan el riesgo crediticio de los solicitantes.
¿Cómo se manejan las situaciones de fuerza mayor que afectan el cumplimiento del contrato en Argentina?
Las situaciones de fuerza mayor pueden eximir temporalmente a las partes del cumplimiento del contrato, y se recomienda comunicar y documentar cualquier impacto en el cumplimiento de las obligaciones.
¿Cuáles son las responsabilidades legales de las agencias de verificación de antecedentes en Argentina?
Las agencias de verificación de antecedentes en Argentina tienen la responsabilidad legal de operar de manera transparente y cumplir con las leyes de protección de datos personales. Deben obtener el consentimiento del individuo antes de realizar la verificación y garantizar la precisión y confidencialidad de la información recopilada.
¿Cuáles son las leyes relacionadas con el delito de enriquecimiento ilícito en Argentina?
El enriquecimiento ilícito en Argentina está penalizado por leyes que buscan prevenir y sancionar el aumento injustificado del patrimonio de funcionarios públicos. Se imponen sanciones económicas y penas de prisión para aquellos que no pueden justificar su incremento patrimonial.
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