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¿Cómo se determina la prioridad en el embargo de bienes compartidos por varios deudores en Argentina?
La prioridad en el embargo de bienes compartidos se establece según la fecha de inscripción de la medida cautelar, siguiendo el principio de "prior en el tiempo, prior en el derecho".
¿Se pueden realizar inspecciones programadas durante el período de arrendamiento en Argentina?
Las inspecciones programadas deben estar especificadas en el contrato, y generalmente requieren aviso previo por parte del arrendador para garantizar la privacidad del arrendatario.
¿Cuáles son los desafíos fiscales particulares en Argentina que deben ser considerados durante la debida diligencia?
En Argentina, la debida diligencia fiscal es crucial debido a la complejidad de las leyes tributarias locales. Se deben examinar detenidamente las obligaciones fiscales, incluyendo impuestos sobre la renta, IVA y gravámenes específicos para asegurar el cumplimiento. Además, es esencial evaluar cómo los cambios recientes en las políticas fiscales pueden afectar la situación financiera de la empresa objetivo.
¿Cuáles son las medidas para prevenir la violencia en el fútbol en Argentina?
La violencia en el fútbol en Argentina se aborda con medidas de seguridad en los estadios, la prohibición de comportamientos violentos y la cooperación entre clubes, autoridades y fuerzas de seguridad para prevenir incidentes durante los eventos deportivos.
¿Cuáles son las consideraciones fiscales para las transacciones de leasing financiero con opción de compra en Argentina?
Las transacciones de leasing financiero con opción de compra están sujetas al Impuesto a las Ganancias. Tanto el arrendador como el arrendatario deben cumplir con sus obligaciones fiscales y declarar adecuadamente estas operaciones.
¿Qué sucede si el deudor alimentario cambia de empleo y su capacidad económica disminuye en Argentina?
Si el deudor alimentario cambia de empleo y su capacidad económica disminuye en Argentina, puede solicitar la modificación de las pensiones alimenticias. Deberá presentar pruebas de la disminución de ingresos y explicar cómo esta situación afecta su capacidad para cumplir con las obligaciones alimentarias. El tribunal evaluará la solicitud y tomará una decisión basada en la equidad y el bienestar de los beneficiarios, asegurando que las pensiones se ajusten a la nueva realidad económica del deudor.
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