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¿Cómo se evalúa y gestiona el riesgo de lavado de activos en las instituciones financieras no bancarias en Argentina?
Además de los bancos, las instituciones financieras no bancarias, como casas de cambio y cooperativas de crédito, son evaluadas y gestionan el riesgo de lavado de activos en Argentina. Estas entidades deben implementar medidas similares de debida diligencia y presentar informes de transacciones sospechosas. Las regulaciones se adaptan para abordar las particularidades de estas instituciones y asegurar una cobertura completa en la prevención del lavado de activos.
¿Es posible borrar o eliminar antecedentes judiciales en Argentina?
No es común, pero existen procedimientos legales para solicitar la cancelación de antecedentes en casos específicos.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de los ingresos obtenidos por la venta de derechos de propiedad industrial en Argentina?
Los ingresos obtenidos por la venta de derechos de propiedad industrial están sujetos al Impuesto a las Ganancias. Es necesario declarar adecuadamente estas transacciones y calcular el impuesto correspondiente según las pautas de la AFIP.
¿Cómo afectan los antecedentes judiciales a la participación en programas de promoción de la seguridad vial en Argentina?
En programas de promoción de la seguridad vial, los antecedentes judiciales pueden ser evaluados para garantizar la seguridad y la idoneidad de los participantes, especialmente en actividades relacionadas con la conciencia vial.
¿Cómo se regulan las obligaciones de informar y notificar cambios en el contrato de venta en Argentina?
Las obligaciones de informar y notificar cambios en un contrato de venta en Argentina deben ser claramente establecidas. Esto puede incluir la obligación de ambas partes de informar sobre cambios sustanciales en sus circunstancias comerciales y la forma en que se realizarán dichas notificaciones.
¿Cómo se promueve la transparencia en la toma de decisiones sobre la contratación gubernamental en Argentina?
La transparencia se promueve mediante la publicación de información sobre procesos de licitación, evaluaciones de propuestas y decisiones de adjudicación. Además, se establecen mecanismos de apelación y se fomenta la participación ciudadana para supervisar y cuestionar la transparencia en la toma de decisiones.
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