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¿Cómo afecta la deuda tributaria a la inversión extranjera en Argentina?
La deuda tributaria puede influir en la percepción de la inversión extranjera en Argentina, ya que los inversionistas consideran el entorno fiscal antes de comprometerse en actividades comerciales en el país.
¿Cuáles son los pasos para solicitar la exención del impuesto a los Bienes Personales en Argentina?
La exención del impuesto a los Bienes Personales en Argentina puede solicitarse en la AFIP. Los requisitos y procedimientos varían según las circunstancias, pero en general, se deben presentar documentos que respalden la situación de exención, como el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en caso de discapacidad. La AFIP evalúa la solicitud y, si se cumplen los requisitos, otorga la exención del impuesto a los Bienes Personales para la persona con discapacidad. Este trámite busca aliviar la carga tributaria para personas en situaciones particulares.
¿Cuáles son los plazos de notificación para la no renovación del contrato en Argentina?
Tanto el arrendador como el arrendatario deben notificar su intención de no renovar el contrato con al menos 60 días de antelación al vencimiento del plazo.
¿Puede un embargo afectar a bienes que están bajo un usufructo en Argentina?
Los bienes bajo usufructo pueden ser objeto de embargo, pero la medida se aplica al usufructo y no al derecho de propiedad, permitiendo que el usufructuario continúe utilizando los bienes.
¿Cuál es su enfoque para evaluar la habilidad del candidato para liderar proyectos de expansión geográfica dentro de Argentina, considerando la diversidad regional del país?
La expansión geográfica local es estratégica. Se busca entender cómo el candidato lidera proyectos de expansión en distintas regiones de Argentina, su conocimiento de las particularidades locales y su contribución para lograr un crecimiento efectivo en un país con diversidad geográfica y cultural.
¿Puede el arrendador prohibir actividades comerciales en la propiedad residencial arrendada en Argentina?
Sí, el arrendador puede incluir cláusulas que prohíban actividades comerciales en la propiedad residencial, a menos que se haya obtenido su consentimiento previo por escrito.
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