RAGOSA ALFREDO NESTOR (Contribuyente AFIP | 20125817XXX)

Perfil del contribuyente RAGOSA ALFREDO NESTOR - 20125817XXX

CUIT 20125817XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cuál es el papel de la Inspección General de Justicia (IGJ) en la resolución de disputas laborales en Argentina?

La Inspección General de Justicia (IGJ) en Argentina no tiene un papel directo en la resolución de disputas laborales, ya que su función principal es supervisar la actuación de las entidades empresarias y asegurar el cumplimiento de las normativas societarias. Sin embargo, en disputas laborales que involucren a sociedades, la IGJ puede tener un impacto indirecto al verificar el cumplimiento de normas y estatutos en el ámbito empresarial. La resolución de disputas laborales generalmente se lleva a cabo a través de la intervención de organismos específicos del ámbito laboral, como el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Los empleados pueden presentar reclamaciones y denuncias ante estos organismos en casos de disputas laborales. La documentación detallada y la presentación de pruebas son fundamentales para respaldar los reclamos en este contexto.

¿Cómo se aborda la prevención del lavado de dinero en el sector agropecuario en Argentina?

En el sector agropecuario en Argentina, se implementan medidas específicas para abordar el lavado de dinero. Las transacciones relacionadas con la compra y venta de propiedades agrícolas, la exportación e importación de productos agropecuarios están sujetas a regulaciones que incluyen la identificación de las partes involucradas y la reportación de transacciones sospechosas. La supervisión por parte de la UIF se enfoca en prevenir el uso indebido del sector agropecuario para actividades ilícitas.

¿Cómo se aborda la supervisión de PEP en el ámbito de las empresas estatales en Argentina?

La supervisión de PEP en el ámbito de las empresas estatales en Argentina se aborda mediante la implementación de medidas específicas de transparencia y control. Se establecen procedimientos rigurosos de selección y nombramiento de directivos en empresas estatales, evitando influencias indebidas de PEP. La rendición de cuentas y la transparencia en la gestión financiera de estas empresas son fundamentales. Además, se realiza una supervisión activa de las transacciones comerciales y la toma de decisiones para prevenir posibles conflictos de interés. La participación ciudadana en la vigilancia de las empresas estatales y la colaboración con organismos de control contribuyen a garantizar la integridad en este ámbito.

¿Cuáles son los requisitos para la conciliación obligatoria en Argentina y cómo impacta en las demandas?

La conciliación obligatoria en Argentina es un paso previo a la presentación de una demanda laboral. Para que sea obligatoria, ambas partes deben ser convocadas por el Ministerio de Trabajo. Este proceso busca una resolución amigable del conflicto antes de llegar a los tribunales. Si las partes no cumplen con este requisito, puede afectar negativamente el curso de una demanda posterior, ya que se espera que agoten los intentos de conciliación antes de recurrir a la vía judicial.

¿Qué hacer en caso de pérdida del DNI de un ciudadano argentino que reside en el exterior?

En caso de pérdida del DNI de un ciudadano argentino que reside en el exterior, debe realizar la denuncia de pérdida en el consulado argentino correspondiente. Luego, deberá seguir los procedimientos establecidos por el consulado para obtener un nuevo DNI, lo que incluirá la presentación de la denuncia, documentos de identidad adicionales y el pago de las tasas correspondientes.

¿Qué recursos legales tiene el acreedor alimentario para hacer cumplir las decisiones judiciales en Argentina?

El acreedor alimentario en Argentina cuenta con varios recursos legales para hacer cumplir las decisiones judiciales. Estos incluyen la ejecución de medidas de embargo, retención de ingresos, y en casos extremos, la solicitud de prisión del deudor. Además, el acreedor puede recurrir a la asistencia del Ministerio de Desarrollo Social y otros organismos para garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias establecidas por el tribunal.

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